La ley de medios, la democracia, el consenso y la política

Buenos Aires Económico - 22-09-2009

por Ricardo Forster

Son raras las coyunturas políticas en las que en el interior de una sociedad se discute con la intensidad con la que se lo está haciendo en nuestro país. Son extraños esos momentos en los que se despejan los eufemismos y caen los velos para mostrar una escena fuertemente atravesada por el litigio en torno de diferentes proyectos. Más sorprendentes resultan esas épocas en las que los dispositivos naturalizados de los poderosos quedan al descubierto ofreciendo, para quien esté atento y dispuesto a verlo, el núcleo de sus intereses. Algo de todo esto es lo que viene aconteciendo en nuestro país desde que se desató el conflicto alrededor de la resolución 125; un conflicto que supuso una inflexión decisiva no sólo en el derrotero del kirchnerismo sino que también lo supuso para las fuerzas del establishment económico, mediático y político que buscaban recuperar el terreno perdido desde el 2003. Pero, y no en menor medida, habilitó, en amplios sectores de la sociedad, el indispensable debate político, recuperando entusiasmos y formas de participación que, a lo largo de la década del ‘90, habían quedado vedados o marginalizados. Argentina se convirtió en una caldera alimentada por disputas y atravesada por conflictos que venían a poner en evidencia que en el interior de una democracia lo que se discute no son sólo cuestiones formales o de procedimiento; lo que se discute, lo que se viene discutiendo desde marzo de 2008, son modelos contrapuestos de país y de sociedad. Algo de eso se pudo ver el año pasado cuando el eje del conflicto fueron las retenciones o, luego, cuando el Gobierno tomó la decisión de reestatizar el sistema jubilatorio. Ahora, y con no menor intensidad, lo volvemos a comprobar cuando el eje de la disputa se desplazó hacia el proyecto de ley de medios de comunicación audiovisual. Como si fuera un filoso bisturí que logra llegar hasta el hueso, la iniciativa del Gobierno (una iniciativa que supo recoger años de lucha llevada adelante por la Coalición por una Radiodifusión Democrática y por muchos otros actores sociales y culturales) logró poner en evidencia la brutal discrecionalidad con la que se manejan los grandes grupos económico-mediáticos. Abrió una sorprendente caja de Pandora de la que comenzaron a salir las impunidades y las infinitas maniobras que, desde los tiempos ominosos de la dictadura pasando por la infamia menemista, les permitieron a esos grupos acumular poder, riquezas e influencias. Desde el negociado de Papel Prensa hasta las modificaciones y agregados que se le hicieron a la ley de la dictadura para beneficiar la concentración monopólica, los argentinos, con conciencia o sin ella, fuimos testigos de un crecimiento exponencial del poder mediático que supo, además, apropiarse astutamente de las nuevas tecnologías de la comunicación, tecnologías que les abrieron el camino hacia el pleno dominio de la circulación de la información, de los bienes cultural-simbólicos y de la comunicación por la totalidad del país. Tuvieron que pasar 26 años para que un gobierno democrático pudiera finalmente no sólo inaugurar el debate sino, más importante y significativo, hacerlo en el lugar clave de la propia democracia: el Congreso de la Nación. Ni el más ingenuo de los ciudadanos podría dejar de preguntarse por qué tuvieron que transcurrir casi tres décadas para desprendernos del venenoso legado de la dictadura videlista. ¿A quiénes benefició esa eterna postergación? ¿Quiénes buscaron por todos los medios abortar cualquier iniciativa que se intentó desde el comienzo de la recuperación democrática? ¿Por qué tanta obscenidad en la defensa a ultranza de intereses empresariales transformados, por gracia de la fantasía de la corporación mediática, en intereses públicos? El intenso debate que abrió el proyecto se vio enriquecido a lo largo de varios meses por los foros que en distintas provincias, y en general en el marco de las universidades nacionales, permitieron que multitud de opiniones pudieran debatir democráticamente mejorando sustancialmente la primera versión del proyecto que, cuando entró a la Cámara de Diputados de la Nación, volvería a encontrarse con otras modificaciones y agregados que serían los que acabarían por darle la puntada final a una ley que viene no sólo a sustituir la urdida por los esbirros y censores de la dictadura, sino, fundamentalmente, a legislar en favor de una distribución genuinamente democrática de la comunicación y de la información rompiendo toda posibilidad de concentración monopólica. Es, sencillamente, la oportunidad de profundizar la trama de la democracia haciendo visibles a multitud de actores sociales, culturales, económicos y políticos que permanecían, por la misma lógica de la concentración y del negocio, al margen de los medios de comunicación. Pero lo que también puso en evidencia este arduo y fundamental debate es de qué modo se construyen los consensos, mostrando que no se trata de un abandono de las posiciones de cada quien sino de la consolidación de acuerdos basados en visiones convergentes. El consenso no debe ocultar las diferencias y los conflictos, ni debe quedar reducido a los modos propios de los lenguajes gerenciales. Debe nacer de confluencias, algunas puntuales y otras más estratégicas. Hoy, ese consenso que permitió que una amplia mayoría de diputados votara positivamente la nueva ley de medios audiovisuales, viene a expresar que no sólo es posible lograr que los sectores populares, progresistas y de centroizquierda actúen en común sino, también, pone en evidencia de qué modo se comporta la oposición liberal conservadora a la hora de intentar deslegitimar un acontecimiento profunda y decisivamente democrático. El Gobierno logró ampliar la base de sustentación de su proyecto aceptando modificaciones importantes pedidas por aquellos sectores de la oposición que estaban dispuestos a acompañar una ley de la que también se sienten constructores. Pero, y esto es central y significativo en términos políticos, lo que se evidenció es qué intereses y qué idea de democracia defienden aquellos que se retiraron de la cámara a la hora de los debates finales y de la votación. Sus chicanas, sus argumentos vacíos y triviales, su incoherencia e impudicia respecto de lo que sus propios partidos dijeron e hicieron en relación a una nueva ley de medios, estuvieron dirigidos a defender a la corporación mediática imaginando los futuros favores que ésta podría hacerles. Ellos actuaron no sólo buscando esos favores, lo hicieron fundamentalmente porque saben de la importancia que esas corporaciones tienen a la hora de defender un orden social político injusto y desigual. Saben que para perpetuar una Argentina para pocos es imprescindible contar con los instrumentos de la comunicación. También saben que la confluencia de un amplio espectro de actores populares y progresistas constituye un desafío relevante a su modelo de país. Algo de esto sucedió la noche en la que 147 diputados tuvieron la valentía de rebelarse contra el chantaje de los grandes medios de comunicación. Ahora es el turno de los senadores, ellos también deberán enfrentarse a presiones durísimas para estar a la altura de las demandas de la historia.