Desde hoy contamos para el país con una vergüenza menos y una libertad más

por Arq. Jaime Sorín - Espacio Carta Abierta

Ex vicerrector UBA - Decano Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA

En la Conferencia Regional de la Educación Superior en América Latina y el Caribe –CRES 2.008- las Universidades de la región declararon que “La Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado” enfrentando las presiones de los países centrales para su incorporación como un servicio comercial en el marco de la Organización Mundial de Comercio.

Se declaró también que “Esas políticas deben apuntar al horizonte de una Educación Superior para todos y todas, teniendo como meta el logro de una mayor cobertura social con calidad, equidad y compromiso con nuestros pueblos; deben inducir el desarrollo de alternativas e innovaciones en las propuestas educativas, en la producción y transferencia de conocimientos y aprendizajes… Deben también tomar en cuenta la riqueza de la historia, de las culturas, las literaturas y las artes y favorecer la movilización de las competencias y de los valores universitarios de nuestra región, para edificar una sociedad diversa, fuerte, solidaria y perfectamente integrada”.

En este marco que propende a la redistribución justa y democrática de los bienes culturales incluimos y reivindicamos la necesidad y la oportunidad para eliminar el Decreto 22285/1980 de la Dictadura Militar, que implantó una Ley de Radiodifusión que la calificó como un negocio, y sus modificaciones de la década del 90 que permitieron una alarmante concentración de la propiedad de las empresas de medios en nuestro país, convirtiendo a la comunicación en un emprendimiento comercial en desmedro de su condición de BIEN SOCIAL y confundiendo libertad de expresión con libertad de comercio.

Así como se hizo en el caso de la Educación con la Ley General de Educación, sostenemos la necesidad de que el Estado establezca políticas públicas regulatorias promoviendo el Derecho a la Información en los marcos de una actividad social de interés público, garantizando el pluralismo y la diversidad de voces y visiones en el acceso a los medios de comunicación.

Desde las Universidades Nacionales y las 23 Radios Universitarias hemos acompañado con Foros, discusiones de cátedra y grupos de difusión el amplio proceso de intercambio de opiniones –silenciado por los medios concentrados de la comunicación- que precedió al envío del proyecto de ley al Parlamento y entendemos que no hay razones que justifiquen priorizar diferencias por sobre posibles acuerdos que seguramente pueden alcanzarse tal como lo hicieron cantidad de organizaciones sociales, de Derechos Humanos, estudiantiles, sindicales y comunitarias que firmaron los 21 Puntos por una Radiodifusión Democrática que respaldan el texto.

No es con palabras vacías y discursos remanidos como vamos a restituir al espacio público comunicacional su condición de espacio social por excelencia, defendiéndolo contra la presión de las corporaciones económicas, en este caso las mediáticas, sino con actos concretos de las “instituciones” que se dice preservar.

La democracia sólo se defiende con más democracia y por eso queremos ya una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que termine con los monopolios en los medios y que nos garantice que una posición dominante no va a ser reemplazada por otra, a través de los necesarios controles desde el Parlamento pero también desde la participación ciudadana en los órganos de planificación y control.

Como miembros de una comunidad educativa comprometida con la democracia y los Derechos Humanos y que reivindica la defensa de toda forma de democratización de la cultura, impulsada por la Reforma Universitaria de 1918, vemos representada en este Proyecto la frase del Manifiesto Liminar “Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más”.

A la vez que sostenemos los aspectos centrales del Proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo en todo aquello que contribuye a la desmonopolización de los medios audiovisuales, reivindicamos en el texto la presencia de puntos centrales que hacen a nuestro quehacer:

-La inclusión de un representante de las Universidades Nacionales y uno de las emisoras Universitarias en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, lugar de definición de las políticas públicas en el ámbito, reclamando que sus resoluciones sean vinculantes para la autoridad de aplicación.

-El otorgamiento de autorizaciones a Personas de existencia ideal de derecho público estatal, como las Universidades Nacionales y los establecimientos educativos de gestión estatal, afirmada en los Art. 31 y Art. 140 y en el Art. 136, junto a la posibilidad de constituir redes y de comercializar su producción propia poniendo acento en los contenidos educativos. Insistimos en la necesidad de contar con recursos presupuestarios genuinos que permitan su existencia en términos de competitividad.

-La obligación de emitir un mínimo de producción nacional y local junto a la promoción y defensa de la Industria Audiovisual Nacional, que multiplicará las posibilidades de inserción laboral de nuestros egresados.

-El reconocimiento de la existencia de un espacio de prestación de servicios de comunicación audiovisual diferenciado y en igualdad de condiciones con el privado comercial y el público estatal y no estatal al sector social o de las organizaciones privadas sin fines de lucro. Apoyamos los reclamos para que se aseguren formas de sustentabilidad económica que permitan su subsistencia independiente.

-La cuota de pantalla para el cine y artes audiovisuales nacionales.

-El fortalecimiento de los contenidos y de la producción local y la protección de los bienes culturales afirmando la regionalización de los contenidos frente a la mundialización promovida por los capitales concentrados.

Sabemos que la Ley es perfectible, que aspectos como la integración de la Autoridad de aplicación o la forma de habilitación a la participación de las Empresas Telefónicas pueden y deben formar parte de una discusión.

Pero esto no debe actuar contra la necesidad de unir fuerzas frente a aquellos poderes que han utilizado a las corporaciones mediáticas como vehículos para que sus intereses particulares se disfrazaran de “el interés común” imponiendo los valores egoístas del neoliberalismo.

La Historia se cambia entre todos y todas y la circulación democrática de la comunicación y la información está en el centro de la disputa político-cultural que atraviesa nuestros días argentinos.

Este es el debate que debemos impulsar para profundizar los cambios, para que nuestra Democracia no pierda la oportunidad de avanzar en lo que nos falta, en la una redistribución no sólo de los bienes materiales sino de aquellos que desde lo simbólico constituyen la base de una construcción social sin la que otra sociedad no será posible.