Una Ley que da trabajo

por David Blaustein - Espacio Carta Abierta

La existencia de un proyecto de ley de nuevos servicios de comunicación audiovisual debería aumentar la cantidad, ampliar la calidad y generar un salto cualitativo importante en los datos que ya se relevan y empiezan a ser de conocimiento público.
La sola calidad institucional y previsibilidad que genera el corpus jurídico y legislativo del proyecto cambiará –esperamos- rotundamente el desarrollo económico, cultural, social y federal de la realidad argentina.
La existencia de una comisión bicameral, las perspectivas de seguimiento, control y renovación de las licencias llevarán tranquilidad y perspectiva de planificación e inversión para todos los sectores involucrados.
Para el (a nuestro gusto, mal llamado) “Nuevo Cine Argentino”, la existencia de una cuota de pantalla y la determinación puntual y rigurosa de lo que es la producción independiente, debería ser un espaldarazo definitivo para que se encuentre con su público, no sólo porteño y suburbano, sino también del resto de los núcleos urbanos de las provincias, culturales y universitarios, curiosos de este material.
El compromiso que fija la ley sobre el financiamiento del cine por parte del cable y la televisión también significará la existencia de productos comerciales masivos para el gran público, que aportarán al entretenimiento para un mundo familiar realizado con la solvencia profesional de técnicos y actores, y donde en general la respuesta de los espectadores sostenga la mayor cantidad de puestos de trabajo para el sector.
Asimismo, lo que imaginamos como compra más permanente de títulos ya producidos y estrenados en salas pero no en las pantallas de la televisión, debería generar un aumento paulatino de esos valores por el sucesivo crecimiento en la venta de títulos y, en otra perspectiva, la necesaria e imprescindible restauración digital de estas filmografías que, de otra manera, quedarían arrumbadas y degradadas en formatos antiguos y en desuso.
Esta perspectiva también implicará la actualización tecnológica, mejoramiento en la calidad de los servicios, mayor infraestructura profesional y empresaria, y aparición de nuevos especialistas en las áreas que estos trabajos implican.
El aumento de los presupuestos para el Sistema Nacional de Medios Públicos implicará, para este sector, una enorme posibilidad de nuevas realizaciones acordes a nuestra historia, identidad cultural, memoria y temas pendientes no abordados por otros sectores.
Historiadores, investigadores, periodistas y un cúmulo de profesionales que hoy ya encuentran salidas en los maravillosos Canal Encuentro, tendrán su sucedáneo en lo que pueda producir Canal 7.
Lo mismo debería pasar con la importancia que el proyecto de ley otorga a la programación infantil: pedagogos, especialistas en literatura infantil, animadores, guionistas especializados en el área, desarrolladores de nuevos perfiles de programación, diseñadores de nuevos mercados, tendrán por fin la posibilidad de desarrollar sus talentos al servicio de una franja horaria excepcionalmente negada y subestimada en nuestro país.
Al mismo tiempo, la posibilidad de que la legislación vigile estrictamente el cumplimiento de la presencia, introducción y difusión de la publicidad extranjera, debería significar una notable recuperación de nuestra industria publicitaria, perjudicada por la invasión de masters extranjeros en cable y televisión abierta, que han significado la pérdida de mercado.
Pero posiblemente, uno de los sectores que –con el debido tiempo y paciencia- debería mostrar un paulatino aumento en su desarrollo y cantidad de puestos de trabajo son las decenas de canales locales, provinciales, universitarios y regionales, a partir de la limitación a las cadenas nacionales de televisión con sede en Buenos Aires, y a la obligatoriedad de producción local por parte de las actuales y nuevas antenas de televisión con programación propia.
Ahí, será notable ver la recuperación de temáticas, conflictos, historias y situaciones que le volverán a dar a nuestra televisión federal, pública y privada, regional o universitaria, la posibilidad de nuevos espacios para un mundo más plural, más abierto, más autónomo y, centralmente, más diverso.
Aquí la ley tendrá su sentido definitivo y abarcador en su dimensión cultural y política, pero también económica.