Con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la democracia argentina está a punto de saldar una de sus deudas más largas y gravosas, al sustituir la ley de radiodifusión de la dictadura, y de dar un decisivo paso hacia la democratización real de la vida de nuestro pueblo. Nacida de intervenciones públicas y tenacidades militantes que la fueron enriqueciendo a lo largo de dos décadas (los "21 puntos de la iniciativa ciudadana para una ley de radiodifusión de la democracia" reflejan un nivel de intervención de la sociedad civil sin precedentes en nuestra historia), intensamente debatida en numerosos foros luego de que la tomara en sus manos la voluntad política de la Presidenta, la media sanción con que cuenta esta ley se debe al compromiso de una sólida y plural mayoría de diputados que decidieron apostar al bien común en vez de ceder a las presiones corporativas. La circulación democrática que tuvo antes y después de llegar al Congreso se corresponde con su efectiva condición desmonopolizadora: despejar obstáculos para que puedan expresarse múltiples y diferentes visiones, lenguajes, estéticas. Su legitimidad es incuestionable y cierta su necesidad.Nuestros senadores no ignoran que hay poderosos intereses políticos y económicos dispuestos a todo para impedir que este logro fundacional se concrete, y es precisamente por eso que más valorada aun será su decisión a la hora de optar por los intereses del pueblo y la Nación. Esta es una gran oportunidad para que decidan con la conciencia de defender a las mayorías que representan y no a las corporaciones que presionan para seguir expropiándonos la palabra.. Queremos poder decir que nuestros representantes en el Senado saben actuar con la responsabilidad de los que fundan y no con la mezquindad de los que calculan intereses. Que legislan para la historia y no para las tapas de los diarios. La Patria está pendiente, quizá como nunca antes, de la decisión del Senado de la Nación.
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