martes, 15 de septiembre de 2009

Proceso participativo y Control de monopolios

por Héctor Poggiese - Espacio Carta Abierta


(Coordinador Comisión de Programas Alternativos en los medios, del espacio Carta Abierta. Coordinador del Programa de Planificación Participativa y Gestión Asociada de FLACSO. Coordinador del Grupo de Trabajo Desarrollo Urbano de CLACSO)

Los puntos sobre los que pretendo argumentar en torno al proyecto de ley son: a) el proceso participativo que se usó para su formulación y b) la necesidad de controlar los monopolios y otras formas de concentración garantizando así el acceso del ciudadano a la información -por un proceso plural de voces diversas- a través de facilitar el hacer alternativo de los actores de la comunicación

La participación en la elaboración de la ley
El proyecto de ley sobre servicios de comunicación audiovisual ha sido creado y discutido a través de mecanismos poco habituales en el proceso de formación de las leyes en el Congreso Nacional.
En primer lugar el reconocimiento a las tareas y documentos preparados por un colectivo de profesionales y técnicos comprometidos con una transformación del sistema legal que dieron lugar a los “21 puntos de la iniciativa ciudadana por una ley de radiodifusión de la democracia”, documento que constituyó la base inicial para la redacción del anteproyecto. Estos trabajos comenzaron a principios de 2008.
Enseguida el extendido relevamiento de antecedentes nacionales, recopilando todas las iniciativas (unas 70) presentadas por legisladores de los más diversos bloques políticos e internacionales en la legislación comparada, auscultando las leyes de EEUU, de los países de la Unión Europea y de otras latitudes.
Luego reuniones de trabajo con diversos actores del sector, entre ellos los de la Coalición por los 21 puntos, pero también otros, con debates e intercambios que facilitaron el esquema de la estructura que iría a tomar el anteproyecto de ley.
Después la redacción del anteproyecto y su puesta en conocimiento público, iniciando así una etapa de participación todavía más amplia, a través de los Foros públicos que se efectuaron en todas las regiones del país, en muchas capitales de provincia y en la Capital Federal., en un debate ampliado, abierto y público, que además de permitir la comprensión de su articulado y de sus objetivos, sirvió para recoger más de 50 propuestas de arreglos o agregados, que pueden consultarse en la página del COMFER, donde se puede obtener la versión final.
Finalmente la etapa actual, una vez ingresada al Congreso de la Nación, donde todavía será sometida al sistema de audiencias públicas que establece el reglamento de Diputados y también lo será en el Senado.
No estamos acostumbrados a que los procesos de elaboración de la leyes incluyan mecanismos participativos tan extendidos que permitan a la ciudadanía informarse de forma directa e intervenir sugiriendo posiciones y textos enriquecedores. Nada impedía que los legisladores asistieran a esos foros –de hecho algunos lo hicieron- aunque aun no tuviera estado legislativo. El procedimiento no iría a afectar la responsabilidad y competencia de los legisladores para sancionar el texto de la ley y, en todo caso, servía para conocer opiniones de la sociedad y reconocer el texto del anteproyecto.
Este es un punto esencial por el que creemos que la aprobación de la ley habrá de recoger la opinión de los actores activos y responsables de la sociedad nacional que supieron reconocer la convocatoria de los Foros y concurrieron presentando sus críticas, adhesiones y propuestas de modificación.
Ese espíritu participativo que se adscribió a la elaboración y sanción de la ley, debería extenderse a la etapa de implementación de sus normas: correspondería incorporar en su articulado la constitución de un programa de seguimiento en el que se repitiera el sistema de foros en todo el país para acompañar su ejecución, evaluando sus avances, registrando dificultades, elaborando propuestas complementarias.

Los límites a los monopolios en la comunicación
La concentración de las licencias en uno o más grupos de empresas privadas de comunicación reduce los puntos de vista a los representados por los propietarios de esas empresas. Quedan fuera de la posibilidad de expresar sus visiones y opiniones vastísimos sectores de la sociedad nacional que han sido prohibidos de acceder a los medios por la legislación vigente originada en la dictadura militar.
La ley debe garantizar el derecho de los ciudadanos y sus organizaciones a acceder sin otras restricciones que las que determine la ley, a una porción de las frecuencias disponibles que les permitan instalar y gestionar emisoras comunicacionales. La multiplicación de emisores no debe ser motivo de preocupación porque hace a la esencia misma de la democracia.
El proyecto en debate incorpora una batería de mecanismos orientados a reducir los monopolios existentes y evitar la formación de nuevos: límite al número de licencias que puede obtener una empresa, límites en la composición del capital, reserva del 33 % de las frecuencias para ser adjudicados a organizaciones sociales sin fines de lucro y otras disposiciones.
La pluralidad no debe ser una mera aspiración, tiene que ser promovida y ayudada. Ciertas reservas que se hacen augurando corta vida a pequeños emprendimientos de estas organizaciones sin fines de lucro se basan en argumentos falaces y, si se quiere, discriminadores y despreciativos de la capacidad y la voluntad de las organizaciones que no son empresas. Como éstas no tendrían capital suficiente para su emprendimiento pasarían a depender de la publicidad oficial y caerían bajo la dominación gubernamental.
Ese argumento no tiene solidez; monopolios o grandes empresas actuales reciben una cuota considerable de la publicidad oficial y eso no los transforma en oficialistas. Ese argumento desconoce la potencia, capacidad financiera y de gestión, compromiso institucional y convicción con un modelo de desarrollo social, disponibles en la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro que podrían aspirar a obtener licencias
La multiplicidad de emisores, lejos de constituir una utopía, permitirá la multiplicación de programas alternativos con el consiguiente afianzamiento de una cultura abierta y creativa, desmercantilizada. La acción de la prensa y de los periodistas quedará sometida a un fact checking -menos formal que el establecen algunas legislaciones- en la forma de un control ético y profesional por sus múltiples pares.

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