jueves, 12 de noviembre de 2009

La SIP y la oposición argentina mienten

En los medios se transmiten noticias que pretenden interpretar la realidad, cada una de esas emisiones responde a una línea editorial, por lo tanto los enunciados se cargan de sentido según quien los trate y los diga; no son neutrales, no son imparciales, mucho menos independientes; porque todo signo es ideológico.

La SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) cerró el pasado 11 de noviembre su asamblea anual en Buenos Aires. Esta organización que agrupa a personal jerárquico de medios denunció "el deterioro de la libertad de prensa" en la región y responsabilizó a Venezuela por "exportar ideología". También criticó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual porque el tratamiento fue apresurado así como también su sanción. Usaron la misma falacia que la oposición, aunque por lo menos estos alcahuetes de la CIA firmaron un documento haciéndose cargo de sus opiniones; en cambio la oposición abandonó cobardemente el recinto sin debatir.
Desde que la presidenta Cristina Fernández presentó la propuesta de proyecto de ley en el Teatro Argentino de La Plata se sumaron a discutir más de 20.000 ciudadanos —en múltiples foros en todas las provincias— junto a la participación de organizaciones populares y universidades, más las audiencias públicas que fueron socializadas en directo por la Televisión Pública. El anteproyecto recogió los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática y se debatió en comisiones parlamentarias con las entidades del sector sin limitaciones, incorporando un centenar de modificaciones. Y fue aprobada en el Congreso por mayorías contundentes.
La SIP y la oposición política argentina mienten, y siguen tergiversando.

Esta sociedad de agentes corporativos de información sostuvo que el proceso político que se desarrolla en el continente "sólo ha servido para iniciar el lento y tortuoso tránsito hacia totalitarismos de naturaleza corruptas". El grado de cinismo es sorprendente, se animan a opinar sueltos de lengua cuando la Sociedad Interamericana de Prensa reúne a los más conspicuos propagandistas de los golpes de estado y de los magnicidios. Son los dueños de periódicos que con el pretexto de defender la "libertad de expresión", se dedican a invisibilizar, criminalizar y difamar toda iniciativa democrática. Son, han sido, y serán los sirvientes mediáticos de las oligarquías golpistas en todo el continente. Y como para remarcar su confrontación con el gobierno nacional y popular, se acaba de subir a este retrógrado tandem Julio "Judas" Cobos, vicepresidente que ha traicionado el voto soberano y al proyecto que beneficia y defiende el derecho de los trabajadores.

También eligieron a su nuevo presidente, que recayó en Alejandro Aguirre, director del Diario de las Américas, que es el primer periódico en español de Miami, anticastrista, desde ya; quien manifestó "que los regímenes políticos que no respeten la libertad de prensa no son democráticos". En vez de "libertad de prensa" debería haber dicho "libertad de empresa", que es lo que realmente les interesa, es lo que defienden, les crispa que los subordinados vengan a patear el tablero del statu quo.
En las declaraciones de la Sociedad Interamericana de Prensa se entrevé, es clarito, la doble vara con que miden a los gobiernos, a los que reconocen su jurisprudencia y ceden a los requerimientos para concretar good business (buenos negocios), hay cobertura para los actos políticos (aunque perjudiquen al pueblo) y total respaldo e indulgencia. En cambio para aquellos que deciden enfrentarlos se vienen agendas nutridas de descalificaciones, de campañas desestabilizadoras, es que el poder multimediático neocolonial no quiere ceder su posición dominante y mucho menos las pingües ganancias.

Por eso, ante esta sarta de mentiras que se repiten continuamente a través de diferentes soportes (TV, radio, internet, diarios), el ciudadano no debe olvidar que la Declaración aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2000, en su principio 12, establece que los monopolios u oligopolios en la radiodifusión afectan la democracia y restringe la libertad de expresión.

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