Movimiento Evita – La Pampa
El Juicio que se está consustanciando en La Pampa —después de 34 años de cometidos los hechos denunciados—, es un gran avance en lo que respecta a las políticas de Estado, y en cuanto a la preponderancia que han tenido los Derechos Humanos desde 2003.
También es importante el significado para los testigos y las víctimas de persecución, secuestro, tortura de la última dictadura cívico-militar, porque les permite bajo las leyes del Estado de Derecho, que no tuvieron para con ellos, poder comprobar que se cumple con el enjuiciamiento de los represores.
Se ha dicho que es acotado este proceso, que no están todos los responsables, como el prófugo Baraldini, y que también debe considerarse la participación de civiles en las acciones del Proceso de Reorganización Nacional. Es posible, pero por lo menos el Juicio está en marcha, y eso tiene una repercusión que, pareciera, no saben valorar quienes se encargan de desmerecer todo paso que se da en la condena del terrorismo de Estado.
En estas semanas hubo una ofensiva en las redes virtuales de parte de ciudadanos que todavía defienden y justifican la política de exterminio que ejecutaron los genocidas. En varios blogs se levantó información para atemorizar a quienes testifican, acusándolos de “terroristas”, y aprovecharon para reivindicar a las fuerzas represivas que enfrentaron a fuerzas políticas en la mal llamada lucha subversiva.
Esas movidas silenciosas y anónimas, pergeñadas desde las sombras de la impunidad, ya están siendo investigadas, porque en internet quedan las huellas y es posible identificar a quienes concretan estos tipos de amenazas o presiones. Pero también en el transcurso de estas semanas salió a superficie un discurso perimido que, casualmente, coincide con los comunicados de las Juntas Militares de los ‘70, y con las políticas implementadas con mayor impacto en los ’90.
Son los mismos voceros institucionales, por ejemplo, desde la Sociedad Rural Argentina, su presidente Hugo Biolcati transparentó los objetivos inmediatos que pretenden para el país; y desde los monopolios mediáticos también se articuló un enunciado que refracta esa alianza entre las corporaciones económicas de la Argentina. Quizás los convidados de piedra hayan sido los dirigentes opositores que, sin darse cuenta, o a sabiendas de que repiten el mensaje que le ordenan sus verdaderos patrones, quedaron retractados en una foto fantasmática que ofende a la misma democracia.
La SRA y Magnetto asumieron la responsabilidad pública de dirigir a la oposición, y en ese escenario marcaron el rumbo de las políticas que pretenden aplicar si acceden al gobierno en el 2011. Un programa excluyente como se impuso en la década del ’90, pero que venía implementándose desde el golpe del 24 de marzo de 1976, y finalmente estalló en diciembre de 2001. Casi los mismos hombres que integraban esos gobiernos siguen conduciendo la política nacional, casi los mismos hombres que ganaban cifras descomunales, mientras la mayor parte del pueblo se empobrecía, continúan exigiendo seguridad jurídica para sus empresas.
La Mesa de Enlace, los monopolios mediáticos y la oposición, conforman la nueva derecha argentina que tiene los mismos vicios que la Unión Democrática. ¿Coincidencia de consignas o reiteración de actores? Todos aliados en busca del poder en manos de un gobierno nacional y popular. En pos de ese objetivo no existen medias tintas; su objetivo es defender y reponer el capitalismo neoliberal, condenar y desmontar la política de derechos humanos, mentir descaradamente desde las tapas de los diarios. Les da lo mismo, no les importa el método; y después repiten a coro que los crispados son los otros, es decir, el kirchnerismo.
Biolcati, Magneto y Mitre, no pueden olvidarse de aquella “solicitada” —publicada en los periódicos más importantes del país— al cumplirse el primer año del gobierno de facto de las Fuerzas Armadas, donde los dirigentes rurales justificaban y agradecían a la Dictadura conducida por Jorge Rafael Videla. Ese 24 de marzo de 1977 resaltaban: “En efecto, debemos desarmar el andamiaje creado por casi 35 años de una lenta pero sistemática estatización socializante, que en definitiva ha demostrado su fracaso al empobrecernos a todos [...] Este proceso requiere el apoyo y sacrificio de todos los sectores, sacrificio que deben hacer sólo los empresarios y los obreros, sino especialmente el Estado, dando el ejemplo a través del reordenamiento presupuestario, que ya ha comenzado, la liquidación de las empresas estatales [...] La Sociedad Rural Argentina reitera frente a los productores y la ciudadanía en general su apoyo a toda acción que signifique completar el proceso iniciado el 24 de marzo de 1976, para poder lograr así los fines propuestos, que en definitiva son los grandes objetivos nacionales”.
No cabe duda del verdadero pensamiento y la acción destituyente que siguen impulsando desde el poder de las corporaciones. Es el mismo mensaje el que recitan sin cesar: que el Estado no siga avanzando sobre el capital privado. En la historia argentina se repiten casi los mismos nombres, con las mismas mañas y agachadas, y son los de los dueños de la tierra y de los bienes de producción. Los extensos territorios en que acumulan sus riquezas les fueron despojados a los pueblos originarios a través de una campaña genocida financiada por los terratenientes, o sea, ellos mismos. Su conducta ha sido siempre esa, explotar a los que se hallan más abajo en la escala social; obtener la plusvalía, la mayor renta posible con la menor inversión. Ha quedado demostrado desde la discusión de la Resolución N° 125 y las ganancias extraordinarias. Cuando las cosechas son exitosas las ganancias son nada más que para dicho sector productivo. La información de la AFIP señala que el 70% de los trabajadores del campo están en negro; por lo tanto hablarles de repartir las riquezas es una verdadera entelequia. En cambio cuando hay pérdidas o las condiciones climáticas son adversas para los rindes, piden auxilio al Estado a través de subsidios o la exención de impuestos que terminan pagando todos los contribuyentes del país. La SRA aconsejaba en la década del ’70 la liquidación de las empresas estatales, en la actualidad exigen la eliminación dela ONCAA.
Para comprender el alineamiento actual de los actores del campo político opositor con las corporaciones es útil la metáfora que desarrolla Raymond Aron en Democracia y totalitarismo, “el hilo de seda de la legalidad se ha roto” en beneficio del “filo de la espada”. Como las FFAA no están dispuestas a participar en esta confrontación de los proyectos políticos antagónicos, ha sido remplazado por el bombardeo sistematizado de noticias tergiversadas por parte de los multimedios, que ya no son sólo empresas periodísticas, sino que han extendido sus inversiones a otros rubros: alimentario, petrolero, servicios, etc.
El Proceso de Reorganización Nacional instrumentó su aparato represivo desde la ilegalidad, porque “el 24 de marzo de 1976 desembarcó [...] una banda de carniceros humanos que [...] perpetró una de las masacres masivas más escalofriantes del siglo XX”, señala el periodista Eduardo Aliverti; y que llegó a su mayor escala de terror con la figura del “desaparecido”. En la década del auge neoliberal y de las privatizaciones del gobierno menemista la figura emblemática fue la del “excluido”. Eran aquellos pobres que no tenían trabajo, obra social, jubilación, nada de nada; el Estado los había abandonado. Biolcati se preocupa de la pobreza estructural que ellos mismos generaron y todavía subsiste, es innegable; así como Magnetto no tuvo vergüenza para especular con el dinero de los jubilados cuando les vendió a las AFJP las acciones de Clarín sobrevaluadas. El establishment que se preocupan hoy por la “plata” de los jubilados no denunció la estafa que sufrió esa “caja” cuando las usufructuaba el CEO de Clarín: 540 millones de pesos. Esa cifra habría que inscribirla en todas las sucursales de la Anses para que el pueblo argentino sepa cuánto le robaron a los jubilados en nombre del libre mercado.
Todo se anuda si hacemos memoria; la Junta de la Dictadura no operaba sola, coexistían responsables políticos, como José Alfredo Martínez de Hoz, que dirigían y tomaban decisiones. También se sumaron desde la sociedad civil los sectores liberales y otros cuadros del campo político (hubo 310 intendentes radicales, 169 justicialistas, 109 demócratas progresistas, 94 del MID, entre otros), y la derecha se convertía en el principal movimiento hegemónico, enraizados en las clases altas de la sociedad y vinculados con sectores “tradicionales” (iglesia, empresariado, partidos políticos), pues veían en los movimientos populares una crucial amenaza a sus intereses de poder y económicos. Harían (o hicieron) cualquier cosa con tal de liberarse de esa tendencia política; y ya conocemos los resultados.
Acaso no está ocurriendo lo mismo con la demonización de este gobierno popular y nacional, cuando algunos dirigentes reciclados en democracia persisten con la diatriba “reconciliadora” de ciertos sectores políticos y eclesiásticos, por eso atacan y rechazan el proyecto en marcha que se consustancia con gobiernos como los de Lula, Chávez, Evo Morales, Mujica, o Correa?
Muchos de los testigos y las víctimas de la represión participaban en política, en actividades sociales y culturales en la década del ’70. Querían cambiar el país y por eso el brazo implacable de la dictadura y de los sectores concentrados de la economía cayó sobre cada uno de ellos.
Hablar del Juicio a los represores sin analizar las causas de por qué hubo secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones, apropiaciones de bebés, es insustancial; los militares y la policía fueron los que hicieron el trabajo sucio y, a su vez, los garantes armados del plan económico (instrumentado por un civil) que finalmente se aplicó y cuyas consecuencias (deuda externa, desindustrialización, pérdida de conquistas laborales y sociales etc.) aún padecemos. La misma disputa prosigue hoy en día entre los dueños del capital, con sus políticos subordinados, y un pueblo que quiere vivir en un país inclusivo y más igualitario. Está pendiente el destino que nos reúna con nuestra verdadera historia, con la de la Patria Grande, que nos libere de la dependencia; y justamente no es la contada ni la pretendida por las corporaciones y los dueños de la tierra. Esa clase pudiente y antinacional se enriqueció y se hizo poderosa a merced de la sangre derramada de los pueblos originarios y de los trabajadores. La oligarquía para mantener sus privilegios no ha vacilado en financiar la represión; pero las grandes mayorías quieren vivir en una Argentina para Todos.
El Juicio que se está consustanciando en La Pampa —después de 34 años de cometidos los hechos denunciados—, es un gran avance en lo que respecta a las políticas de Estado, y en cuanto a la preponderancia que han tenido los Derechos Humanos desde 2003.
También es importante el significado para los testigos y las víctimas de persecución, secuestro, tortura de la última dictadura cívico-militar, porque les permite bajo las leyes del Estado de Derecho, que no tuvieron para con ellos, poder comprobar que se cumple con el enjuiciamiento de los represores.
Se ha dicho que es acotado este proceso, que no están todos los responsables, como el prófugo Baraldini, y que también debe considerarse la participación de civiles en las acciones del Proceso de Reorganización Nacional. Es posible, pero por lo menos el Juicio está en marcha, y eso tiene una repercusión que, pareciera, no saben valorar quienes se encargan de desmerecer todo paso que se da en la condena del terrorismo de Estado.
En estas semanas hubo una ofensiva en las redes virtuales de parte de ciudadanos que todavía defienden y justifican la política de exterminio que ejecutaron los genocidas. En varios blogs se levantó información para atemorizar a quienes testifican, acusándolos de “terroristas”, y aprovecharon para reivindicar a las fuerzas represivas que enfrentaron a fuerzas políticas en la mal llamada lucha subversiva.
Esas movidas silenciosas y anónimas, pergeñadas desde las sombras de la impunidad, ya están siendo investigadas, porque en internet quedan las huellas y es posible identificar a quienes concretan estos tipos de amenazas o presiones. Pero también en el transcurso de estas semanas salió a superficie un discurso perimido que, casualmente, coincide con los comunicados de las Juntas Militares de los ‘70, y con las políticas implementadas con mayor impacto en los ’90.
Son los mismos voceros institucionales, por ejemplo, desde la Sociedad Rural Argentina, su presidente Hugo Biolcati transparentó los objetivos inmediatos que pretenden para el país; y desde los monopolios mediáticos también se articuló un enunciado que refracta esa alianza entre las corporaciones económicas de la Argentina. Quizás los convidados de piedra hayan sido los dirigentes opositores que, sin darse cuenta, o a sabiendas de que repiten el mensaje que le ordenan sus verdaderos patrones, quedaron retractados en una foto fantasmática que ofende a la misma democracia.
La SRA y Magnetto asumieron la responsabilidad pública de dirigir a la oposición, y en ese escenario marcaron el rumbo de las políticas que pretenden aplicar si acceden al gobierno en el 2011. Un programa excluyente como se impuso en la década del ’90, pero que venía implementándose desde el golpe del 24 de marzo de 1976, y finalmente estalló en diciembre de 2001. Casi los mismos hombres que integraban esos gobiernos siguen conduciendo la política nacional, casi los mismos hombres que ganaban cifras descomunales, mientras la mayor parte del pueblo se empobrecía, continúan exigiendo seguridad jurídica para sus empresas.
La Mesa de Enlace, los monopolios mediáticos y la oposición, conforman la nueva derecha argentina que tiene los mismos vicios que la Unión Democrática. ¿Coincidencia de consignas o reiteración de actores? Todos aliados en busca del poder en manos de un gobierno nacional y popular. En pos de ese objetivo no existen medias tintas; su objetivo es defender y reponer el capitalismo neoliberal, condenar y desmontar la política de derechos humanos, mentir descaradamente desde las tapas de los diarios. Les da lo mismo, no les importa el método; y después repiten a coro que los crispados son los otros, es decir, el kirchnerismo.
Biolcati, Magneto y Mitre, no pueden olvidarse de aquella “solicitada” —publicada en los periódicos más importantes del país— al cumplirse el primer año del gobierno de facto de las Fuerzas Armadas, donde los dirigentes rurales justificaban y agradecían a la Dictadura conducida por Jorge Rafael Videla. Ese 24 de marzo de 1977 resaltaban: “En efecto, debemos desarmar el andamiaje creado por casi 35 años de una lenta pero sistemática estatización socializante, que en definitiva ha demostrado su fracaso al empobrecernos a todos [...] Este proceso requiere el apoyo y sacrificio de todos los sectores, sacrificio que deben hacer sólo los empresarios y los obreros, sino especialmente el Estado, dando el ejemplo a través del reordenamiento presupuestario, que ya ha comenzado, la liquidación de las empresas estatales [...] La Sociedad Rural Argentina reitera frente a los productores y la ciudadanía en general su apoyo a toda acción que signifique completar el proceso iniciado el 24 de marzo de 1976, para poder lograr así los fines propuestos, que en definitiva son los grandes objetivos nacionales”.
No cabe duda del verdadero pensamiento y la acción destituyente que siguen impulsando desde el poder de las corporaciones. Es el mismo mensaje el que recitan sin cesar: que el Estado no siga avanzando sobre el capital privado. En la historia argentina se repiten casi los mismos nombres, con las mismas mañas y agachadas, y son los de los dueños de la tierra y de los bienes de producción. Los extensos territorios en que acumulan sus riquezas les fueron despojados a los pueblos originarios a través de una campaña genocida financiada por los terratenientes, o sea, ellos mismos. Su conducta ha sido siempre esa, explotar a los que se hallan más abajo en la escala social; obtener la plusvalía, la mayor renta posible con la menor inversión. Ha quedado demostrado desde la discusión de la Resolución N° 125 y las ganancias extraordinarias. Cuando las cosechas son exitosas las ganancias son nada más que para dicho sector productivo. La información de la AFIP señala que el 70% de los trabajadores del campo están en negro; por lo tanto hablarles de repartir las riquezas es una verdadera entelequia. En cambio cuando hay pérdidas o las condiciones climáticas son adversas para los rindes, piden auxilio al Estado a través de subsidios o la exención de impuestos que terminan pagando todos los contribuyentes del país. La SRA aconsejaba en la década del ’70 la liquidación de las empresas estatales, en la actualidad exigen la eliminación dela ONCAA.
Para comprender el alineamiento actual de los actores del campo político opositor con las corporaciones es útil la metáfora que desarrolla Raymond Aron en Democracia y totalitarismo, “el hilo de seda de la legalidad se ha roto” en beneficio del “filo de la espada”. Como las FFAA no están dispuestas a participar en esta confrontación de los proyectos políticos antagónicos, ha sido remplazado por el bombardeo sistematizado de noticias tergiversadas por parte de los multimedios, que ya no son sólo empresas periodísticas, sino que han extendido sus inversiones a otros rubros: alimentario, petrolero, servicios, etc.
El Proceso de Reorganización Nacional instrumentó su aparato represivo desde la ilegalidad, porque “el 24 de marzo de 1976 desembarcó [...] una banda de carniceros humanos que [...] perpetró una de las masacres masivas más escalofriantes del siglo XX”, señala el periodista Eduardo Aliverti; y que llegó a su mayor escala de terror con la figura del “desaparecido”. En la década del auge neoliberal y de las privatizaciones del gobierno menemista la figura emblemática fue la del “excluido”. Eran aquellos pobres que no tenían trabajo, obra social, jubilación, nada de nada; el Estado los había abandonado. Biolcati se preocupa de la pobreza estructural que ellos mismos generaron y todavía subsiste, es innegable; así como Magnetto no tuvo vergüenza para especular con el dinero de los jubilados cuando les vendió a las AFJP las acciones de Clarín sobrevaluadas. El establishment que se preocupan hoy por la “plata” de los jubilados no denunció la estafa que sufrió esa “caja” cuando las usufructuaba el CEO de Clarín: 540 millones de pesos. Esa cifra habría que inscribirla en todas las sucursales de la Anses para que el pueblo argentino sepa cuánto le robaron a los jubilados en nombre del libre mercado.
Todo se anuda si hacemos memoria; la Junta de la Dictadura no operaba sola, coexistían responsables políticos, como José Alfredo Martínez de Hoz, que dirigían y tomaban decisiones. También se sumaron desde la sociedad civil los sectores liberales y otros cuadros del campo político (hubo 310 intendentes radicales, 169 justicialistas, 109 demócratas progresistas, 94 del MID, entre otros), y la derecha se convertía en el principal movimiento hegemónico, enraizados en las clases altas de la sociedad y vinculados con sectores “tradicionales” (iglesia, empresariado, partidos políticos), pues veían en los movimientos populares una crucial amenaza a sus intereses de poder y económicos. Harían (o hicieron) cualquier cosa con tal de liberarse de esa tendencia política; y ya conocemos los resultados.
Acaso no está ocurriendo lo mismo con la demonización de este gobierno popular y nacional, cuando algunos dirigentes reciclados en democracia persisten con la diatriba “reconciliadora” de ciertos sectores políticos y eclesiásticos, por eso atacan y rechazan el proyecto en marcha que se consustancia con gobiernos como los de Lula, Chávez, Evo Morales, Mujica, o Correa?
Muchos de los testigos y las víctimas de la represión participaban en política, en actividades sociales y culturales en la década del ’70. Querían cambiar el país y por eso el brazo implacable de la dictadura y de los sectores concentrados de la economía cayó sobre cada uno de ellos.
Hablar del Juicio a los represores sin analizar las causas de por qué hubo secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones, apropiaciones de bebés, es insustancial; los militares y la policía fueron los que hicieron el trabajo sucio y, a su vez, los garantes armados del plan económico (instrumentado por un civil) que finalmente se aplicó y cuyas consecuencias (deuda externa, desindustrialización, pérdida de conquistas laborales y sociales etc.) aún padecemos. La misma disputa prosigue hoy en día entre los dueños del capital, con sus políticos subordinados, y un pueblo que quiere vivir en un país inclusivo y más igualitario. Está pendiente el destino que nos reúna con nuestra verdadera historia, con la de la Patria Grande, que nos libere de la dependencia; y justamente no es la contada ni la pretendida por las corporaciones y los dueños de la tierra. Esa clase pudiente y antinacional se enriqueció y se hizo poderosa a merced de la sangre derramada de los pueblos originarios y de los trabajadores. La oligarquía para mantener sus privilegios no ha vacilado en financiar la represión; pero las grandes mayorías quieren vivir en una Argentina para Todos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario