El nombramiento del comisario Jorge “El Fino” Palacios como jefe de la nueva Policía Metropolitana es una provocación equivalente a la del golpe de Estado en Honduras en el plano americano. Y en ambos casos quienes las perpetran aspiran a imponerlas a pura prepotencia, aspirando a que su manifiesta y ofensiva ilegitimidad se diluya con el mero paso del tiempo. Está en cada uno de nosotros tolerarlo o resistir.
Diversos medios y periodistas han destacado el papel protagónico de Palacios en el temprano desvío de la pesquisa de los autores del atentado a la AMIA, así como en la conducción de la feroz represión desatada contra los manifestantes el 20 de diciembre de 2001 –cuando el presidente Fernando De la Rúa se vio obligado a renunciar y a huir en helicóptero– y en su turbia relación con un reducidor de autos robados al que un fiscal acusó de ser parte de la banda que secuestró y asesinó a Axel Blumberg y que resultó condenado. Sin embargo, han dejado en las penumbras detalles cruciales de su accionar en dichos hechos y no han mencionado ni su probable participación en la represión ilegal durante la última dictadura, ni algunas groserías que cometió como zar policial antidrogas.
Palacios y el atentado a la AMIA
En los primeros días de la investigación del atentado a la AMIA, Palacios intervino demorando y “arreglando” ostensiblemente el allanamiento del comercio y la vivienda de Alberto Kanoore Edul hijo. Se trata de un comerciante sirio-argentino que se encuentra en el centro mismo de la trama terrorista, ya que él y su padre homónimo (cuyos domicilios Palacios evitó allanar en flagrante incumplimiento de la orden escrita del juez Juan José Galeano) tenían relación tanto con el entonces presidente Carlos Menem y sus hermanos como con un lejano primo de ellos, el traficante de armas y drogas Monzer al Kassar, principal sospechoso de haber instigado tanto el ataque a la AMIA como su predecesor, dos años antes, a la Embajada de Israel.
La intervención de Palacios no fue contingente, sino decisiva, ya que Albertito Edul aparecía relacionado tanto con la supuesta Trafic-bomba (desde su celular se había llamado a Carlos Alberto Telleldín el mismo domingo en que éste vendió o se desembarazó de ella) como con el volquete que se colocó minutos antes de su voladura frente a la puerta de la AMIA y que según varios investigadores –entre ellos, quien escribe, que estuvo contratado por la propia mutual judía durante más de tres años– consideran que explotó o explosionó.
Según la Historia Oficial, el camión que dejó dicho volquete, perteneciente al libanés Nassib Haddad, fue luego a dejar otro a un terreno baldío aledaño al domicilio de Edul. Según mi investigación, en ese terreno de propiedad municipal y abierto por entonces a la entrada de vehículos, aquel camión cargó un volquete “relleno” antes de dirigirse a la AMIA. En cualquier caso, el “arreglo” de esos allanamientos (incluyendo el hecho de que, a pesar de su pedido de detención, Albertito Edul regresó esa misma noche a dormir a su cama, tras prestarse a un amable interrogatorio) fue tan crucial como la posterior detención (a pedido de siete fiscales) e inmediata liberación a instancias del Poder Ejecutivo de Haddad y de su primogénito, quienes habían adquirido recientemente 10 toneladas de amonal, el explosivo utilizado para demoler la AMIA y matar a 85 personas.
Un golpe de mano
Respecto a la participación de Palacios en la represión del 20 de diciembre de 2001, se ha destacado que Palacios no estaba ese día de servicio, pero que se presentó a comandar la represión voluntariamente, según explicaría luego, por un imperativo moral. Suele omitirse en cambio que ese día se puso en ejecución un golpe de mano dentro de la Policía Federal, putsch a través del cual la vieja guardia que participó en la represión de la dictadura, los llamados “Arcángeles”, buscaron y consiguieron desembarazarse de su jefe, Rubén Santos, a quien odiaban por provenir de la “policía científica” y no haber formado parte de los “grupos de tareas”. Basta recordar que aquel día, un grupo de policías vestidos de paisano y pertenecientes al Departamento de Asuntos Internos, es decir, encargados de reprimir la comisión de ilícitos y desmanes por miembros de la repartición, se agenciaron armas largas y se pusieron a disparar a mansalva contra manifestantes preferentemente jóvenes, barbudos y melenudos en el cruce de las avenidas de Mayo y Nueve de Julio, matando a tres y a un cuarto de otro perfil, al parecer por mala puntería. Algo tan normal como que los hubieran fusilado enfermeras de la Cruz Roja.
Un símbolo del genocidio
A la sazón jefe de la Divísión Delitos Complejos de la Federal (y con altas probabilidades de convertirse en el próximo jefe de la repartición) Palacios, es sabido, quedó grabado en una intervención judicial del teléfono de Jorge Daniel Sagorsky, un reducidor de autos robados, que según un fiscal era miembro pleno de la banda de Martín “El Oso” Peralta, la misma que secuestró y asesinó a Axel Blumberg. Según la grabación, Palacios buscaba comprarle a Sagorsky una 4 x 4 obviamente “trucha”, hecho que por sí mismo debería bastar para que Mauricio Macri y su ministro Guillermo Montenegro se abstuvieran de nombrar a Palacios jefe de la nonata PM. Sin embargo, los medios han omitido recordar que en esa grabación oficia de intermediario entre ambos el comisario retirado Carlos “El Duque” Gallone, quien se comporta como un dilecto amigo de Palacios, empeñado en conseguirle un vehículo de lujo a precio de ganga.
El hecho provocó que Palacios fuera eyectado del servicio activo por orden del entonces presidente Néstor Kirchner, quien el domingo pasado se presentó imprevistamente en la asamblea que el espacio Carta Abierta realizaba en el anfiteatro de Parque Lezama y denunció que el golpe de Honduras y el nombramiento de Palacios eran, ambos, “hechos centrales e intolerables” e instara a luchar por revertirlos.
Si Palacios fue definido por Familiares y un vocero de Familiares y Amigos de las Víctimas de la AMIA como “el Astiz de la AMIA”, Gallone vendría a ser cuando menos “El Tigre” Acosta de la Federal, hasta el punto de que hace un año fue condenado a prisión perpetua como uno de los organizadores del mayor crimen serial en el que se vio involucrada la Policía Federal en toda su historia, la llamada “Masacre de Fátima”, el horrendo asesinato de 30 secuestrados-desaparecidos en los calabozos de la Superintendencia de Seguridad Federal (la vieja Coordinación Federal de la calle Moreno 1417) en agosto de 1976. Gallone y otros jefes policiales molieron entonces a palos a 20 hombres y 10 mujeres (entre ellos, la casi totalidad de la comisión interna de la fábrica Béndix), les inyectaron pentotal, los cargaron como fardos en camiones, los llevaron a una fábrica textil abandonada en la localidad de Fátima, partido de Pilar, los asesinaron de un disparo en el occipucio, y los volaron con tan grande cantidad de trotyl que los aterrorizados vecinos encontraron brazos arrancados colgando de los cables del tendido eléctrico.
Cocaína
Gallone, un feroz torturador cuyo rostro se hizo célebre a comienzos de agosto de 1982 cuando el fotógrafo Marcelo Ranea lo retrató estrujando a una Madre de Plaza de Mayo (los diarios de entonces, obsecuentes del poder dictatorial, dirían que abrazando, y promovieron la imagen como símbolo de una imposible “reconciliación” entre víctimas y verdugos) formó pareja a fines de los ’80 con Cristina Furri, la ex mujer del actor de cara marmórea Carlos “Facha” Martel, recordado, sobre todo, por su relación con Alberto Olmedo (En marzo pasado, la mujer fue arrojada por una ventana de su casa en oscuras circunstancias, cayó desde 8 metros de altura y sufrió graves lesiones). Al formarse la nueva pareja, y mientras su padre se dedicaba en materia de sexo a saltar de rama en rama, los hijos de Martel permanecieron viviendo con su madre y con Gallone, quien tenía desde antes relación con Martel, acaso el adicto a la cocaína más conspicuo de la farándula. Gallone y Martel conservaron una muy buena relación, casi de trato diario, so pretexto de llevar y traer a los chicos al colegio.
Palacios, en cambio, se hizo famoso como zar antidrogas de la Policía Federal. Desde ese cargo cultivó sus tan publicitadas relaciones con los jueces federales y los representantes de la CIA (Ross Newland), el FBI (William Godoy) y la DEA. Lo que no impidió que quedara pringado en la investigación de la “Operación Strawberry”, tal como se llamó al mayor secuestro de cocaína en Argentina (por lo menos, durante más de una década). Según las investigaciones, la Operación Strawberry parece haber sido una compra directa de casi tres toneladas de cocaína por parte de jefes de la SIDE y de la Policía Bonaerense, de los que se declararon a la justicia 2.240 kilos. Aunque es posible que Palacios se arrepienta ahora de haberlo hecho, la justicia federal de San Martín consideró que había encubierto este delito y ordenó que se investigara su actuación.
Para colmo, cuando se descubrió en 2004 que Southern Winds era una narcolínea especializada en vuelos directos desde y hacia Santa Cruz de la Sierra y su triangulación con Madrid, el Fino Palacios fungía de “asesor” en materia de seguridad. Curiosamente, los abogados de SW (uno de cuyos propietarios era Aeropuertos 2000) eran Eamon Mullen y Barbaccia, también eyectados de la causa AMIA y de la Justicia junto al ex juez Juan José Galeano. Los tres cómplices, como Palacios, en haber desviado las investigaciones por el ataque a la mutual hebrea hacia una vía muerta.
Secuestros extorsivos
Para defender el nombramiento de Palacios, allegados al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, recordaron que el mucho aprecio que éste le tiene data de su intervención en la feliz resolución de su secuestro en 1991 por la llamada “Banda de los Comisarios”. Aquella pesquisa fue dirigida por los comisarios Carlos Sablich y Vicente Palo, y comenzó con el secuestro de un sargento retirado de la fuerza, Juan Carlos Bayarri, y su remisión a un viejo centro clandestino de detención y extreminio, El Olimpo, hoy convertido en museo. Allí Bayarri fue salvajemente torturado por espacio de seis largos días, hasta que desembuchó todo lo que sabía. Por este hecho el Estado Argentino fue condenado por la Corte Penal Interamericana de San José de Costa Rica.
Por este motivo, Sablich, íntimo de Mauricio Macri, se fue de la Policía Federal, y Macri desistió de su propósito original de nombrarlo jefe de la nueva Policía Metropolitana. En su reemplazo optó por Palacios, a quien previamente había llevado como jefe de seguridad a Boca Juniors, donde más que enfrentar a la barra brava pareció hacer buenas migas con ella. Aunque es casi imposible que Palacios no haya integrado los “grupos de tareas” de la dictadura, jamás fue identificado. Y aunque fue varias veces procesado por delitos graves, jamás fue condenado.
Bajo tormentos, Bayarri y sus cómplices reconocieron “una docena de secuestros extorsivos”, según me reveló entonces una fuente calificada de la investigación. Sin embargo, ante la justicia, sólo se blanquearon 5 secuestros extorsivos, desde el inaugural a la adolescente Karina Werthein, en 1978, hasta el de Macri, 13 años después.
Uno de los secuestros que no fueron denunciados fue el del millonario Rodolfo Clutterbuck, un antiguo socio del banquero saudí Gaith Pharaon, de quien se había distanciado. La justicia recién pudo establecer a comienzos de 2001 que el secuestro y asesinato de Clutterbuck había sido obra de “La banda de los comisarios”, por lo que es posible sospechar que Sablich, Palo, Palacios y otros oficiales pueden haber incurrido en el delito de encubrimiento. Si así fuera, Palacios, que ya había favorecido a un amigo de Al Kassar (Edul), aparecería encubriendo el asesinato de un ex socio de su principal financista, el saudí Gaith Pharaon. Para entonces, Al Kassar se había asociado con el capo del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, y el Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) de Pharaon financiaba todo tipo de redituables exportaciones no tradicionales y lavaba bien blanco a su dinero negro producido, como pronto iba a establecer la justicia de los Estados Unidos. “Ralph” Clutterbuck, CEO de Alpargatas y del Banco Francés, había sido uno de los introductores de Pharaon en la Argentina (donde construyó el Hotel Hyatt, hoy Four Seasons), pero poco después ambos se habían distanciado. Algunos investigadores, extrañados con la nula insistencia en querer cobrar un rescate, postularon que el secuestro de Clutterbuck debió haber sido un asesinato por encargo disfrazado de secuestro extorsivo.
Conclusión
Leo en los diarios que dos policías de Río Cuarto, Córdoba, en 1991 atropellaron a un niño de 5 años y lo enterraron para no hacerse cargo. Se lo ha descubierto cuando han pasado 18 años y aquél delito está prescripto, pero un juez declara el disparate (para embarrar la cancha, para hacerle el campo orégano a los que quieren acabar con los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura) que se trata de “un delito de lesa humanidad”.
Uno de estos policías miserables es el comisario retirado Mario Gaumet. El hecho de que no pueda ser castigado no implica que el Gobernador de Córdoba pueda convocarlo al servicio activo como jefe de Policía. Sería un escándalo. Un policía así no puede ser nombrado en un cargo político… más allá de si resultó o no sentenciado, por elementales razones políticas.
Lo mismo sucede con el nombramiento del Fino Palacios: es un escupitajo en la boca de todo aquel que se considere un demócrata. Como si Macri decidiera nombrar al Padre Grassi secretario de Minoridad.
Pretenden pasarnos por encima. Lo que no deja más alternativa que cerrar filas y comprometernos en un “No pasará”.
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