La Asociación de Abogados Ambientalistas solicitó a la Corte Suprema de la Nación que ordene la suspensión de la venta y aplicación de glisofato y endusulfan, químicos utilizados para fumigar los campos de esa oleoginosa.
La polémica por la utilización de químicos altamente tóxicos en las fumigaciones de campos de soja llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Asociación de Abogados Ambientalistas presentó un recurso de amparo ante ese Tribunal solicitándole que "se ordene la suspensión de la comercialización, venta y aplicación de glifosato y endosulfan -agrotóxicos básicos de la industria sojera- en todo el territorio nacional", según publica el diario Página 12.
Los letrados también solicitaron que el Gobierno determine, en un plazo de180 días, el efecto sanitario de los químicos agrarios, carga responsabilidades sobre los estados provinciales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y también apunta a Monsanto, la compañía líder del sector, la mayor productora y comercializadora de glifosato. La presentación judicial cita media docena de estudios científicos que describen los males de los agrotóxicos y destaca la necesidad de priorizar la protección del ambiente y la salud de los pueblos por sobre una actividad económica.
La polémica por la utilización de químicos altamente tóxicos en las fumigaciones de campos de soja llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Asociación de Abogados Ambientalistas presentó un recurso de amparo ante ese Tribunal solicitándole que "se ordene la suspensión de la comercialización, venta y aplicación de glifosato y endosulfan -agrotóxicos básicos de la industria sojera- en todo el territorio nacional", según publica el diario Página 12.
Los letrados también solicitaron que el Gobierno determine, en un plazo de180 días, el efecto sanitario de los químicos agrarios, carga responsabilidades sobre los estados provinciales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y también apunta a Monsanto, la compañía líder del sector, la mayor productora y comercializadora de glifosato. La presentación judicial cita media docena de estudios científicos que describen los males de los agrotóxicos y destaca la necesidad de priorizar la protección del ambiente y la salud de los pueblos por sobre una actividad económica.
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