[Movimiento Evita - La Pampa] Las grandes corporaciones mediáticas no publican ni comentan la reciprocidad que había entre los integrantes de la nueva alianza o restauración conservadora con los militares. Y muchos de estos civiles siguieron participando (y cobrando) en "política" después (y durante, también) del Golpe del 24 de marzo de 1976. Tienen la cara dura como bigornia; seguramente alentados por la impunidad de los dueños de Clarín y La Nación que pactaron también con el Proceso de Reorganización Nacional.
Se ha difundido profusamente el nombramiento de "Lilita" Carrió en la Justicia chaqueña, y su silencio durante la masacre de Margarita Belén.
También desde Córdoba los compañeros han informado de la trama de relaciones del senador Oscar Aguad, alias "el milico", con el genocida Benjamín Menéndez.
Más allá de los dislates a los que nos acostumbró Maurizio Macri durante el 2009, con el nombramiento en el Ministerio de Educación de Abel Posse -que reivindica el terrorismo de Estado-, o de convertir en embajadora cultural a Nelly Arrieta de Blaquier -dueña del Ingenio Ledesma donde desaparecieron 400 obreros-, o los exabruptos de Diego Guelar -que pretendía otorgarles una amnistía a los responsables del genocidio-; ahora mediante el poder de veto, que la oposición le quiere negar a la presidenta Cristina Fernández como herramienta política, terminó objetando leyes que tienen jurisdicción sobre los Derechos Humanos.
No se debe escarbar mucho para darnos cuenta por qué parte del radicalismo concilia acuerdos con la derecha, sólo hay que observar los vínculos con el pasado, encima muchos se sostienen en el presente. Que no haya ninguna duda de que la tríada desestabilizadora conformada por Magnetto, Cobos Iscariote y Redrado siga insistiendo y generando las condiciones para un golpe institucional como en Honduras. Además la desacertada frase que utilizó el Golden Boy "Ellos creen que me matan, yo creo que se suicidan", nos rememora la oscura y cínica figura de Neustadt anticipando la dictadura.
Y como parte de esa trama conspiradora que integra la UCR, es necesario conocer los antecedentes del ex senador radical por la provincia de Santa Cruz, Carlos Prades que, después de la renovación de las autoridades nacionales, fue nombrado como responsable de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del partido. Resulta paradójico el hecho porque Prades fue intendente de la localidad de Caleta Olivia durante la última dictadura.
Así se refería Prades, burócrata de "la banda de carniceros humanos", respecto del Proyecto Nacional y Popular conducido por Néstor Kirchner y Cristina Fernández: "Hay en marcha un proyecto perverso, hegemónico, que procura la suma del poder público para convertir impunemente a la patria en una mesa de negocios formidable y que tiene su núcleo en miles de millones de dólares en obra publica. Hay en marcha un modelo de despotismo absoluto en el cual los organismos de control no tendrán lugar o serán, como son, ocupados parientes de funcionarios. Hay en marcha un plan de subordinación incondicional del Parlamento Argentino y de ocupación política del Poder Judicial."
Por lo pronto parte de la Justicia es afín a sus objetivos destituyentes; sino observese la celeridad de la jueza Sarmiento; hija de un genocida y hermana de su defensor. Pero parece que muchos de estos funcionarios quieren olvidarse de su pasado y blanden hoy como bandera de lucha la defensa de la Constitución y la República.
Se ha difundido profusamente el nombramiento de "Lilita" Carrió en la Justicia chaqueña, y su silencio durante la masacre de Margarita Belén.
También desde Córdoba los compañeros han informado de la trama de relaciones del senador Oscar Aguad, alias "el milico", con el genocida Benjamín Menéndez.
Más allá de los dislates a los que nos acostumbró Maurizio Macri durante el 2009, con el nombramiento en el Ministerio de Educación de Abel Posse -que reivindica el terrorismo de Estado-, o de convertir en embajadora cultural a Nelly Arrieta de Blaquier -dueña del Ingenio Ledesma donde desaparecieron 400 obreros-, o los exabruptos de Diego Guelar -que pretendía otorgarles una amnistía a los responsables del genocidio-; ahora mediante el poder de veto, que la oposición le quiere negar a la presidenta Cristina Fernández como herramienta política, terminó objetando leyes que tienen jurisdicción sobre los Derechos Humanos.
No se debe escarbar mucho para darnos cuenta por qué parte del radicalismo concilia acuerdos con la derecha, sólo hay que observar los vínculos con el pasado, encima muchos se sostienen en el presente. Que no haya ninguna duda de que la tríada desestabilizadora conformada por Magnetto, Cobos Iscariote y Redrado siga insistiendo y generando las condiciones para un golpe institucional como en Honduras. Además la desacertada frase que utilizó el Golden Boy "Ellos creen que me matan, yo creo que se suicidan", nos rememora la oscura y cínica figura de Neustadt anticipando la dictadura.
Y como parte de esa trama conspiradora que integra la UCR, es necesario conocer los antecedentes del ex senador radical por la provincia de Santa Cruz, Carlos Prades que, después de la renovación de las autoridades nacionales, fue nombrado como responsable de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del partido. Resulta paradójico el hecho porque Prades fue intendente de la localidad de Caleta Olivia durante la última dictadura.
Así se refería Prades, burócrata de "la banda de carniceros humanos", respecto del Proyecto Nacional y Popular conducido por Néstor Kirchner y Cristina Fernández: "Hay en marcha un proyecto perverso, hegemónico, que procura la suma del poder público para convertir impunemente a la patria en una mesa de negocios formidable y que tiene su núcleo en miles de millones de dólares en obra publica. Hay en marcha un modelo de despotismo absoluto en el cual los organismos de control no tendrán lugar o serán, como son, ocupados parientes de funcionarios. Hay en marcha un plan de subordinación incondicional del Parlamento Argentino y de ocupación política del Poder Judicial."
Por lo pronto parte de la Justicia es afín a sus objetivos destituyentes; sino observese la celeridad de la jueza Sarmiento; hija de un genocida y hermana de su defensor. Pero parece que muchos de estos funcionarios quieren olvidarse de su pasado y blanden hoy como bandera de lucha la defensa de la Constitución y la República.
No hay comentarios:
Publicar un comentario