Violencia y cosificación

La discusión acerca de la violencia no deja de ser un tema recurrente en diferentes medios de información, y dentro de la grilla tiene un altísimo protagonismo amarillista en los que responden al monopolio Clarín, que ha sintetizado la problemática bajo el título de "inseguridad".

A esta intoxicación ideológica y mediática, que no está despojada de intereses que cobijan los grupos de poder, va acompañada —explícita o implícitamente— de un precario contenido político y social que, desde el sentido común, manipula el relato de que este cuadro de situación sólo es solucionable a través de la implementación de medidas represivas. Y la versión más reaccionaria de este sector se ampara en la modificación del arsenal jurídico, con el objetivo de implementar acciones más "duras" y, de esta forma, mantener "aislados y encerrados" a los pobres de la ciudad. En los '90, con otro paradigma dominante, el apaleo a la movilización social era moneda corriente, pues no se permitía ni el reclamo ni la protesta en las calles, además primaba una figura retórica mucho más cínica, la del "excluido".

Bajo el título de violencia o de inseguridad se escamotea una discusión profunda de la cuestión, porque en el fondo la práctica política lo que tiene o debería hacer es concretar el cambio de la estructura económica que, durante el mandato neoliberal, concentró en manos privadas sus decisiones que responden, directamente, a la demanda del mercado. Por eso es necesario desarticular esa práctica de la que también quedó prendado el Estado, supeditado al flujo de capitales financieros transnacionales, y que redujo al mínimo el estado de bienestar, lo que condicionó su funcionamiento y derivó en una ausencia de políticas sociales. Una sociedad que quiebra su contrato solidario entre las partes está a un paso del aislacionismo de los que cuentan con menores recursos, porque se los estigmatiza, se los rotula bajo estereotipos y la tipología policial. Por eso un innumerable conjunto de acciones manifiesta distintos grados y niveles de agresión y, por sobre todo, el prejuicio niega la posibilidad de concebir a otra persona como un semejante, muchos menos en pie de igualdad y con las mismas posibilidades de desarrollo.

La cultura del espectáculo (bajo la tópica de Guy Debord) tiene sus propios servidores que, desde el soporte televisivo o radial, pretenden dictar cátedra de quiénes serían los "delincuentes" y que el aparato represivo del Estado los tiene que vigilar y castigar. Ese prejuzgamiento refuerza la más elemental discriminación; encima algunos conductores solicitan que "al que mata hay que matarlo", lo que aumenta la diferenciación y coloca en un plano peligroso al conflicto de clases. La preponderancia del statu quo por su cercanía al poder, con sus vanidades y galas multiplicadas por la difusión en los medios, y ante la falta de una política de contención social desde el Estado que comprenda a los ciudadanos en estado de emergencia, engendra pulsiones de muerte, y se potencia frente a slogans como "pertenecer tiene sus privilegios". La ostentación y el consumo en la posmodernidad son determinantes a la hora del espacio que se ocupa en la pirámide social. Y ese ejemplo, repetido sin cesar, se impregna en la conciencia del público a tal grado que las relaciones humanas que construye la vida cotidiana se metamorfosean en relaciones "cosificadas". La pertenencia se convierte en un fetiche y, a su vez, indica o demarca que todos no pueden ser incluidos en esa prosapia, por lo tanto debe haber un disciplinador que abogue por el cuidado de sus derechos gananciales.

Evidentemente el neoliberalismo ha establecido una nueva forma de dominación, en la cual los valores que estaban vigentes entraron en crisis, originando, en tal sentido, una hegemonía sociocultural que, en gran medida, oscurece la imaginación y la creatividad; pues genera una dependencia de lo superfluo y lo trivial, un efecto distorsionante sobre la vida humana, implosionando aquella condición comunitaria intergeneracional.

En las últimas décadas en el seno de la sociedad las tensiones se fueron exacerbando, potenciadas por los voceros mediáticos que atentan con este modelo económico emergente en casi toda Latinoamérica, y tratan de provocar crisis similares a las que hubo en diciembre de 2001; porque aquellas recetas del FMI no sólo los beneficiaba enormemente, sino que esos grupos tomaban las decisiones fundamentales del país porque detentaban el poder. Hoy la batalla es crucial, es que en los dos gobiernos de los Kirchner han recuperado la política, y el proyecto trata de equiparar las inequidades del sistema, por lo tanto tiene que desarrollar un proceso socioeconómico que se antepone a los negocios de las corporaciones.

Si la economía estuviera determinada por la especulación financiera y sólo se sustentara en la producción primaria, el modelo legitimado del primer centenario, la expectativa serían totalmente negativas en esta etapa que transita la Argentina. Sin embargo, se padece todavía el desguace del Estado y la deconstrucción de la industria nacional, en detrimento de ese polo de poder político tan fuerte instrumentado por el primer peronismo; en consecuencia, hay que modificar esa matriz, generar trabajo genuino, incorporar valor agregado a la producción, y de esa forma se irá superando la aguda fragmentación que procrearon las políticas neoliberales, y no sólo en lo económico-social, con niveles de inequidad estrepitosos, sino que la cultura del consumo —característica de una sociedad capitalista basada en la sobreproducción de artículos, en su mayoría innecesarios— disoció y pulverizó las relaciones sociales.

Esta disociación entre el Hombre y el Mundo se ha objetivizado a tal punto que ocasiona un desencuentro y alejamiento entre los seres humanos, lo que afecta indefectiblemente a cada individuo, porque afecta su capacidad dialógica, sembrándole la desconfianza hacia la otredad, por consiguiente impacta en su comportamiento, porque lo empobrece y lo aplana simbólicamente.

En esta época se está frente a una instancia de cambios, de transformaciones sustanciales, aunque aún la manipulación que ejerce la cultura dominante, impuesta y divulgada por los multimedios, reproduce sujetos escindidos. En la sociedad capitalista el único valor "preciado" es el que articula el consumo compulsivo que impulsa y expande la economía de mercado.

La violencia convertida en expresión por una necesidad política, fecundada in vitro en los laboratorios de las consultoras y diseñadoras de imagen, como se ha visto en el Parque Indoamericano o Plaza Constitución. Más allá de su significado intrínseco, de su relación directa con los instintos, en una mirada más o menos naturalista; lo que hay que resaltar es la violencia como programa de acción política. En ese caso es la expresión amorfa e inconsciente de un sector de la ciudadanía que es interpelada por el poder que ejercen los que fueron subalternos, y echa mano a cualquier solución que modifique la correlación de fuerzas. Una sociedad ordenada a partir del consumo está condenada al fracaso, si no interviene el Estado es plausible que se desencadenen pulsiones que diriman la vieja pero no perimida lucha de clases. Siempre existen emergentes cuando opera la clausura y la opresión, por lo tanto la desesperación y la falta de libertad faculta a los sujetos hallar otros canales de experimentación que les brinde la posibilidad de proyectar una vida más imaginativa, creativa y desalienada, y a veces el único reparo y resguardo frente a la ignominia de las dictaduras es el recurso de la violencia individual o colectiva.

Cuando el poder lo ejerce la política, el Estado debe convertirse en el pivote que impulsa y canaliza la potencialidad y la energía ciudadana. Es una necedad pensar que se puede salir del círculo vicioso que impregna la violencia como programa de acción política con la implementación de leyes más rigurosas. Se debe anteponer a esa solución abusiva e intolerante la construcción de un proyecto emergente de transformación cultural que modifique de raíz la actual lógica del mercado, que con su política distributiva excluye y genera desigualdad, y atenta contra la conciliación de las partes en el usufructo del espacio territorial y los bienes simbólicos de un país. SDM