La crisis boliviana se tiñó del color rojo sangre. La derecha alentada por Washington no deja gobernar a Evo Morales. Y éste tendrá que pensar muy bien los pasos a dar para consolidar su gobierno popular.
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EMILIO MARÍN
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En el amazónico estado de Pando, que colinda con Brasil y Perú, los muertos ya ascienden a una treintena, según el ministro de Gobierno, Alfredo Rada. A esa cifra debe sumarse un centenar de desaparecidos y siguen apareciendo cadáveres arrojados a ríos. La mayoría de las víctimas pertenece a un mismo bando: son campesinos que apoyan al presidente. Fueron emboscados por partidarios armados del prefecto Leopoldo Fernández, uno de los coaligados contra el gobierno nacional junto a sus colegas de Beni, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca.
Ese mero conteo de dónde provienen los muertos fulmina por hipócrita la versión de medios de comunicación en Argentina y el mundo, que pintan un escenario de violencia donde ambos sectores serían igualmente responsables de los sucesos.
No es así por la pertenencia de las víctimas. Tampoco se igualan las partes pues una representa a la mayoría de los bolivianos, el gobierno de Evo, que ha ganado las elecciones presidenciales y el referendo del 10 de agosto pasado. Los prefectos de la Media Luna quieren desconocer esas elecciones, que para ellos fueron "fraudulentas". Y con esa actitud incurren deliberadamente en una posición golpista y antidemocrática.
Es muy posible que los medios argentinos, acostumbrados a presentar como dos partes iguales al gobierno de Cristina Fernández y la Mesa de Enlace Rural, hayan seguido esa rutina para analizar el panorama boliviano.La irracionalidad de los gobernadores del oriente boliviano ha favorecido la posición de Morales. La mayoría de los países, en particular los miembros de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), cerraron filas en solidaridad con el mandatario de origen aymará y en defensa de la democracia. Al momento de escribir esas líneas se realizaba en Santiago de Chile esa cita de presidentes y se estimaba que nueve de ellos estarían presentes, entre ellos la jefa de Estado argentina, Lula da Silva y Hugo Chávez, en tanto otros enviarían a sus cancilleres, caso de Perú. El secretario general de la OEA, Miguel Insulza, secundaría a Michelle Bachelet, anfitriona y titular protémpore de Unasur.
Pero una cosa debe quedar clara. La cumbre de naciones del sur y un buen documento que salga de allí no van a disuadir a Fernández, Mario Cossío, Rubén Costas y demás elementos agrupados en la Conalde. Su campaña de desestabilización de Morales comenzó en el mismo momento en que éste ganó los comicios de diciembre de 2006 y comenzó a gobernar en enero de 2007. Estos separatistas de las zonas ricas del vecino país se han envalentonado por el apoyo político y financiero de la embajada norteamericana en La Paz, que ocupó hasta su expulsión de la semana pasada el embajador Philip Goldberg. Al irse, el diplomático siguió argumentando que había trabajado "para apoyar la democracia y el desarrollo de Bolivia aunque algunos no quieren reconocerlo". Morales no le creyó y por eso lo expulsó.
Los motivos de discordiaDesde el sábado último se negocia el inicio de un diálogo entre el gobierno central y la Conalde. El vicepresidente Alvaro García Linera representa al primero y el prefecto Cossío a la segunda entidad. Santa Cruz, centro del separatismo y de un movimiento político ultraderechista, hizo apenas un gesto de buena voluntad al ordenar el desbloqueo de caminos que había adquirido gran intensidad en las semanas previas.
Además de cortar rutas y caminos, incluso los que conectan con Brasil y Argentina, los sediciosos habían asaltado edificios públicos que en algunos casos fueron ocupados y en otros saqueados. La Unión Juvenil Cruceñista repartió palizas por todo Santa Cruz a los "indios". También se tomaron instalaciones de distribución del gas hacia los países vecinos y cerraron el paso del fluido. Dicho sea de paso, tal actitud delincuencial provocará pérdidas de divisas a Bolivia, por ventas que se cayeron y multas que podrían cobrarle.
A los separatistas no les importó esas consecuencias negativas porque lo suyo era precisamente causar daño dentro y fuera del país a Evo Morales.La paradoja es que uno de los motivos de la discordia, en particular Santa Cruz y Tarija, es que dicen defender las riquezas hidrocarburíferas como si fueran propias y no de todos los ciudadanos. El presidente comenzó las nacionalizaciones del sector el 1 de mayo de 2007 completó esta primera etapa en el curso de este año, recuperando el 82 por ciento de la renta para el Estado y dejando para las empresas privadas el 18 por ciento restante (en una vuelta de campana respecto a la injusticia anterior).
Sobre la base del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), el gobierno dispuso desde La Paz una redistribución del ingreso concreta. Dio una pensión a todos los mayores de 60 años, la "Renta Dignidad". Con ese mismo financiamiento hay un incentivo a los escolares, para que no deserten. El "Bono Juancito Pinto" se paga en más de 700 escuelas de toda la nación y en 2007 incrementó en casi el 10 por ciento esa escolaridad.Quedarse con la renta petrolera para los ricos departamentos orientales y secar los ingresos de La Paz, tal una de las banderas separatistas presentadas como autonomistas. La otra es su negativa a aceptar la Constitución Política votada por la Asamblea Constituyente en diciembre de 2007. La acusan de "socialista", "indigenista" y de afectar "la propiedad privada".¿Qué hará Evo?Los planes de la derecha están claramente trazados, independientemente de que ahora pueda dar alguna tregua al presidente. Su programa podría sintetizarse en la consigna pintada en los muros durante los plebiscitos recientes: "Collas raza maldita. Sí a la Autonomía".
Lo que necesita precisiones es la política del gobierno instalado en el Palacio Quemado. Es que por momentos parece conceder a la presión de Costas-Cossío y demás prefecturas y Comités Cívicos, como cuando recientemente convocó por decreto a una consulta popular para el 7 de diciembre, referida a la nueva Constitución, y luego pareció aceptar mansamente que la Corte Nacional Electoral (CNE) le bloqueara esa medida clave. Luego el presidente pidió que dicha consulta fuera en enero de 2009 en coincidencia con las elecciones de prefecto en La Paz y Cochabamba, pero la CNE no se ha pronunciado, bajo la influencia de los partidos opositores que rechazan de plano la Constitución.
Hay que recordar que esos partidos (Podemos, Nueva Fuerza Republicana, MNR, etc.) boicotearon la labor de la Asamblea Constituyente, quisieron frustrarla con violencia en Sucre y se negaron a votarla en Oruro, donde fue aprobada finalmente.
Es un buen dato que el presidente impusiera el Estado de Sitio en Pando, enviara fuerzas militares y policiales a esa región y reocupara las instalaciones gasíferas tomadas por los sediciosos. También es auspicioso que el jefe de Estado haya ordenado la captura del prefecto de Pando, González, a quien sindica como el máximo responsable de la violencia criminal contra los campesinos.
¿Se atreverá Morales a profundizar ese camino y dejar de lado las contemplaciones que de hecho fueron tomadas por sus enemigos como signos de debilidad?
La expulsión de Goldberg, ya citada, fue una disposición correcta y valiente, que abonaría la tesis de que el jefe de Estado está dispuesto a dar pelea hasta el final. Cuenta para ello con el 67,7 por ciento de los votantes del referendo de agosto, porcentaje que puede aumentar si se pone en tela de juicio su mandato democrático. Tiene también el apoyo de sus colegas de Unasur, como se desprende de la reunión en Santiago de Chile. Algunos, como Chávez, han declarado que están dispuestos a ayudarlo incluso militarmente, en caso de golpe, sedición y magnicidio.
La pregunta es si Evo cuenta con las Fuerzas Armadas. La duda quedó flotando porque el jefe de las mismas, el general Luis Trigo, reaccionó indignado ante el ofrecimiento de Chávez y dijo que sus hombres defendían la democracia boliviana. Pero en esa declaración de Trigo faltó algo esencial: no nombró explícitamente la defensa del gobierno de Evo Morales.
Conviene recordar que aún sin Goldberg, los norteamericanos tienen muchos vínculos con esas tropas del altiplano: vía los cursos de "perfeccionamiento", la venta de material bélico, la actuación conjunta "antidrogas", la DEA y las tropas en Haití, entre muchas otras.
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Fuente: diario La Arena, 16 de septiembre de 2008
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